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Los jueces frente a la política

¿Son la independencia, la inamobilidad y el sometimiento al Imperio de la Ley, suficientes para alcanzar sentencias apegadas estrictamente al ordenamiento jurídico? La respuesta es no, no son suficientes. El Estado de Derecho es indispensable para la democracia, pero no es suficiente. El Estado de Derecho, tal y como se denomina generalmente, es el valor ha alcanzar en un sistema democrático maduro y reposado. Pese a ello, la «tentación política de la ley», como le denominaba un gran jurista norteamericano, no es ajena en ese importante poder de la República. Por lo tanto, el estado de derecho debe ser un estado de razón, de sabiduría y prudencia. De reconocimiento que existe un deber de «autolimitación» en el ejercicio de sus competencias legales. Que exista en su accionar, en otras palabras, una «razón jurídica». Y ésta es, precisamente, la esencia del Estado de Derecho.

El Estado de Derecho es el Estado de la razón. Tener la regla de la razón en la elaboración, interpretación y aplicación del derecho es reconocer el poder y el valor de renunciar al autoritarismo judicial. En definitiva, es el gobierno de la humanidad y de la humildad. Es el reconocimiento de la capacidad humana de razonar y el compromiso de utilizar la razón al máximo para aliviar la condición humana, derivada de la competencia que constitucionalmente le ha sido encomendada.

Así por ejemplo, cuando los jueces deben resolver problemas económicos en sus sentencias, surgen polémicas acerca de cuál es la actitud que deben asumir: si deben aplicar estrictamente las leyes o si deben mensurar las consecuencias que tendrán sus decisiones en el marco general de la política económica. En Estados Unidos, los tribunales adoptan actitudes liberales que les permiten mediar decisiones óptimas. En Alemania, la tendencia es seguir una jurisprudencia positivista que les limita a una aplicación estricta y rígida de la ley. En ambos casos, la principal herramienta para resolver las controversias económicas es la evaluación de las consecuencias.

Dos sistemas se reconocen de frente a esta dualidad: el «activismo judicial» (eficiencia del sistema jurídico), que prioriza la defensa irrestricta de los derechos constitucionales; o el de «autorrestricción» (eficiencia del sistema económico), que llama precisamente a reconocer las autolimitaciones que impone el sistema.

En el fondo los sistemas luchan por garantizar el equilibrio jurídico entre la autonomía privada y el interés público. Lo dicho anteriormente nos conduce a una gran interrogante al que debe darse respuesta y es si la eficiencia económica es un valor que fundamenta y justifica las decisiones jurídicas. Mientras la eficiencia económica se mide en términos de costo-beneficio, la eficiencia de un sistema jurídico debe medirse por su aptitud para asegurar los valores que una determinada comunidad política sostiene, como en nuestro caso lo son la libertad, la igualdad, la propiedad, la dignidad, el trabajo y el acceso a la justicia, entre otros.

La eficacia es una herramienta para lograr estos valores, pero los valores en sí mismos son el objetivo. La perspectiva de los derechos humanos se centra en la consecución de estos valores como objetivo del sistema jurídico. Esta perspectiva crea un espacio para el debate sobre la legalidad de las decisiones tomadas en el sistema jurídico y la forma en que el Estado de Derecho debe conceptualizarse.

 

Juan Carlos Castro Loría

Director / Officium Legal


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