Eficacia de las acciones estatales para prevenir, atender y reparar la violencia contra la mujer

La violencia contra la mujer (en adelante, VcM) es una problemática que afecta a todas las sociedades del mundo. A pesar de los avances significativos en las últimas décadas, todavía hay mucho por hacer para erradicar este flagelo. En este contexto, es esencial evaluar la eficacia de las acciones estatales destinadas a prevenir, atender y reparar la VcM. Esta evaluación permite identificar las fortalezas y debilidades de las políticas públicas, y así, mejorar la toma de decisiones y la implementación de estrategias efectivas.

Una de las primeras condiciones para erradicar la VcM es contar con un marco regulatorio sólido. En este sentido, Costa Rica se destaca por tener una legislación robusta que se ajusta a las convenciones internacionales, y que aborda los diversos tipos de VcM. Además, el país ha avanzado significativamente en la tipificación del femicidio y ha creado un Sistema Nacional de Atención y Prevención de la VcM (PlaNoVi) que agrupa a 25 instancias, tanto públicas como privadas.

La eficacia de las políticas públicas también depende de la existencia de mecanismos de coordinación y supervisión eficientes. A pesar de que en Costa Rica se han establecido mecanismos formales de coordinación interinstitucional, existen oportunidades de mejora en este aspecto. En particular, es necesario mejorar la articulación de las acciones y la toma de decisiones basada en información de calidad.

La cooperación con las organizaciones de la sociedad civil (OSC) es otro factor clave para el éxito de las políticas de prevención, atención y reparación de la VcM. Aunque en Costa Rica existen mecanismos formales de comunicación y participación con las OSC, se identifican oportunidades de mejora en este aspecto. Por ejemplo, se señala la necesidad de ampliar los canales de diálogo y de mejorar el involucramiento de las OSC a nivel local.

La eficacia de las políticas públicas también depende de la asignación y ejecución adecuada de los recursos. En este sentido, se identifica una carencia de estimaciones plurianuales de los recursos necesarios para el desarrollo de las acciones de política pública. Esta situación limita la planificación y la toma de decisiones, y representa una brecha para atender el marco de presupuestación plurianual establecido en la Constitución.

El logro de las metas establecidas en las políticas públicas es un indicador importante de su eficacia. Sin embargo, en el caso de la política PLANOVI, se observa un cumplimiento de las metas menor al 70% en los años evaluados. Esta situación refleja la necesidad de contar con una estimación de los recursos necesarios para la ejecución de las acciones de política pública.

Para la toma de decisiones informadas, es fundamental contar con información de calidad. Sin embargo, se identifica una falta de información que caracterice a las poblaciones de vulnerabilidad y que sirva como insumo para orientar de manera más eficaz los esfuerzos de política pública.

El 25 de agosto del presente año, la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa del Área de Fiscalización para el Desarrollo de la Gobernanza de la CGR realizó un Informe de Auditoría N°DFOE-GOB-IAD-00004-2023 sobre la eficacia de las acciones estatales para la prevención, atención y reparación de la violencia contra la mujer en Costa Rica.

A continuación, compartimos los cinco principales aspectos abordados en el documento:

  1. Marco normativo y políticas públicas: El informe destaca que Costa Rica cuenta con un marco normativo robusto y apegado a convenciones internacionales para abordar la problemática de la violencia contra la mujer. Sin embargo, se identifican oportunidades de mejora en la articulación de acciones de la Política Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) y la ausencia de evaluaciones que determinen el logro de los resultados estratégicos.
  2. Cumplimiento de metas: El informe señala que, en el período evaluado, se logró un cumplimiento de metas de 51% para el 2020 y 67% en el 2021. Además, se carece de una evaluación de política pública, lo que dificulta conocer los aportes y posibles brechas institucionales para avanzar en la erradicación de la violencia contra la mujer.
  3. Atención a víctimas de violación sexual: Se menciona la falta de una medición de eficacia en la aplicación del Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a Víctimas de Violación Sexual en las primeras 72 horas de ocurrido el evento, lo cual limita la toma de decisiones oportuna y efectiva.
  4. Atención a mujeres víctimas de trata de personas: El informe indica que las instituciones participantes de la Coalición Nacional Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (CONATT) y el Equipo de Respuesta Rápida (ERI) son eficaces para lograr la reintegración de las personas. No obstante, existen limitaciones en la gestión de la información para la toma de decisiones oportuna sobre la implementación de la Política Nacional contra la Trata de Personas 2020-2030.
  5. Participación de la sociedad civil y estimación de recursos: El informe sugiere que la institucionalidad pública, en la figura del INAMU como rectoría de la materia, fomente una mayor participación de las organizaciones de la sociedad civil e incorpore información para orientar de manera más eficaz los esfuerzos de política pública en poblaciones vulnerables. Además, se carece de estimaciones plurianuales de los recursos requeridos para el desarrollo de las acciones de política pública, lo cual representa una brecha para atender el marco de presupuestación plurianual establecido en el artículo 176 constitucional.

En conclusión, aunque Costa Rica ha logrado avances significativos en la lucha contra la VcM, todavía existen desafíos importantes. Es fundamental mejorar la coordinación y la toma de decisiones basadas en información de calidad, así como fortalecer la vinculación con la sociedad civil. Asimismo, es necesario contar con una estimación de los recursos necesarios para la ejecución de las acciones de política pública y lograr las metas establecidas.

Redactado por: Lic. Carolina Castro Vindas 

Officium Legal

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos están marcados *