Litigio en la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo en Costa Rica
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La tarea de defender los derechos subjetivos y los intereses legítimos de una persona ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en Costa Rica no es sencilla; existe una regulación procesal específica.
Se exige el dominio de los institutos procesales y de figuras del derecho administrativo sustantivo, aunado al diseño de estrategias para el establecimiento de la teoría del caso, dominio de técnicas de oralidad para un adecuado y efectivo manejo de las audiencias y los interrogatorios a los testigos y peritos.
El objetivo del Código Procesal Contencioso Administrativo es llevar un control jurídico por el Poder Judicial de los actos o de las acciones de la Administración Pública expuesta al Derecho Administrativo, bajo el amparo jurisdiccional ante la posición jurídica y de los derechos de los individuos sujetos a dichos actos.
La finalidad de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa más allá de ser un sistema de verificación del acto administrativo, asimismo es un procedimiento que aporta a los particulares una protección de los derechos de estas personas.
El proceso contencioso administrativo se genera por un conflicto jurídico entre el particular y la Administración Pública, por medio de una acción u omisión de un acto administrativo, en la cual se vulnera un derecho subjetivo.
Significa que ha permanecido firme el acto administrativo, por haberse acabado los medios impugnatorios proyectado por la Ley para oponerse en los plazos correspondientes, habiendo ejecutado el consentimiento.
El proceso contencioso-administrativo no sólo se dirige a la declaración de anulación o invalidez de los actos administrativos que manifiesten una decisión o la voluntad de los encargados administrativos.
Todo particular que mantenga derechos administrativos con la Administración central:
Organizaciones Administrativas
De acuerdo con la Contraloría General de la República, cuando se tratan de actos que provoquen graves perjuicios para la Hacienda Pública la Administración no puede realizar la anulación de este proceso contencioso.
Sin embargo, los requisitos de carácter general que deben aplicarse directamente por los administrativos, sin la necesidad de un provisional acto de solicitud o retención individual, podrán ser impugnadas.
El amparo de legalidad es el mecanismo dispuesto por el legislador para la protección y reintegro de los derechos esenciales de las personas costarricenses, frente a los actos imprudentes e informales de la administración. Asimismo, comprende acciones y la inactividad de la administración, opuestos al derecho de la Constitución.
El proceso de lesividad es otro proceso contencioso-administrativo, mediante el cual una organización o persona es demandado directamente por la Administración Pública, siempre y cuando se presente una declaratoria anticipada de que el acto es de carácter lesivo a los intereses públicos; nuestros abogados te ayudan a presentar la anulación de ese acto.
Para tranquilidad de nuestros clientes, los abogados de Officium Legal cuentan con las herramientas tecnológicas, los conocimientos necesarios y la experiencia suficiente para atender litigios en la jurisdicción contenciosa administrativa con excelencia y calidad.
