Derecho Constitucional en Costa Rica
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El Derecho Constitucional estudia los principios y reglas de organización del Estado establecidos en la Constitución, los valores, principios y derechos constitucionales, y las garantías de estos frente al poder.
Cabe resaltar que, las normas constitucionales son las normas según las cuales se producen las demás normas del orden jurídico.
El Derecho Constitucional estudia los principios y reglas de organización del Estado establecidos en la Constitución, los valores, principios y derechos constitucionales, y las garantías de estos frente al poder.
Cabe resaltar que, las normas constitucionales son las normas según las cuales se producen las demás normas del orden jurídico.
Este recurso resguarda los derechos y libertades fundamentales; por ejemplo, el derecho a la salud, a la intimidad, a la protección de datos, de petición, de acceso a la información, al debido proceso, de asociación, de libertad de empresa, de propiedad, de igualdad, de libertad de expresión, de acceso al agua y a los servicios públicos, entre otros.
Este recurso garantiza la protección contra cualquier amenaza o vulneración a la libertad de tránsito o la integridad de las personas.
Se formula contra la normativa que resulte contraria a la Constitución Política, o cuando en la formación de las leyes o acuerdos legislativos se viole algún requisito o trámite esencial indicado en la Constitución o establecido en el Reglamento de la Asamblea Legislativa.
En Officium Legal somos conscientes que los Derechos Fundamentales de cada persona deben ser garantizados por un Estado Social y Democrático de Derecho, así como el Principio de Supremacía Constitucional; y en ese sentido, sabemos que, de ocurrir alguna transgresión, debe actuarse con celeridad, presentando los recursos correspondientes ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a fin de que cese la amenaza o el quebranto a estos.
“La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia es el Tribunal que garantiza la dignidad, las libertades y los derechos fundamentales de las personas consagrados en nuestra Constitución Política y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Está conformada por siete magistrados propietarios y 12 suplentes. La elección le corresponde a la Asamblea Legislativa por medio de una votación de las dos terceras partes del total de sus integrantes (mayoría calificada). El período de nombramiento es de ocho años con la posibilidad de reelección automática, en caso de que el Congreso no disponga lo contrario. El nombramiento de los suplentes es de 4 años.”
